La ejecución presupuestal del Gobierno Nacional, una de las métricas clave para evaluar la efectividad de la gestión pública, ha alcanzado niveles alarmantemente bajos bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. A tan solo 28 días de que finalice el 2024, el Ejecutivo aún tiene por ejecutar alrededor de $150 billones del presupuesto asignado, lo que equivale al 30% del total proyectado para este año.
De los $503 billones aprobados para la vigencia fiscal del 2024, el Gobierno apenas ha logrado ejecutar $352 billones, según cifras del Portal de Transferencia Económica del Gobierno. Esta situación ha sido especialmente crítica en carteras como el Ministerio del Deporte, que solo ha ejecutado el 24,1% de los $1,3 billones asignados; la Presidencia de la República, con una ejecución del 24% de sus $2,5 billones; y el Ministerio de Agricultura, que apenas alcanza el 29,3%.
Por el contrario, entidades como el Ministerio de Educación y el de Salud han mostrado un mejor desempeño, alcanzando niveles de ejecución del 87% y 85%, respectivamente. Sin embargo, estos casos son la excepción y no logran contrarrestar los indicadores negativos de otras dependencias que han mostrado serias dificultades para gestionar los recursos destinados a programas cruciales para el desarrollo del país.
Déficit fiscal y recortes que agravan el panorama
El problema de ejecución no es el único desafío financiero que enfrenta el Gobierno. Con un déficit proyectado de $22 billones para este año y un recaudo tributario estimado en $275 billones, el Ejecutivo ha tenido que implementar recortes presupuestales, incluyendo uno de $20 billones a mitad de año, para intentar mantener cierto equilibrio en las finanzas públicas.
Además, las proyecciones para el 2025 son sombrías. El Gobierno busca aprobar una ley de financiamiento que permita recaudar $12 billones adicionales, pero su trámite en el Congreso enfrenta resistencias significativas. Mientras tanto, los problemas estructurales en el recaudo fiscal, junto con decisiones polémicas como la falta de ajustes a los precios de los combustibles en los primeros años del mandato, han limitado aún más la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
La baja ejecución presupuestal del Gobierno Petro no solo pone en evidencia fallas de planeación y gestión, sino que también refleja una desconexión entre los objetivos prometidos y la capacidad de ejecutarlos. Esto afecta de manera directa la infraestructura, la inversión social y el desarrollo de proyectos regionales, erosionando la confianza en la administración pública. Si el Gobierno no logra corregir este rumbo, las brechas sociales y económicas se profundizarán, dejando una marca negativa en su legado y limitando aún más sus posibilidades de concretar las ambiciosas reformas que ha propuesto.
