La Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión clave en el caso que involucra presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por 92 mil millones de pesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos ordenó que el presidente Gustavo Petro responda un cuestionario bajo juramento como parte de una investigación por presunto cohecho que involucra a seis congresistas.
El auto, emitido el 3 de diciembre, señala que los parlamentarios involucrados en el proceso tendrán tres días hábiles para formular las preguntas que consideren pertinentes. Una vez recopilados estos cuestionarios, serán enviados al mandatario, quien deberá responder dentro del marco de la ley y bajo estricta observancia del juramento, como lo exige el procedimiento judicial.
Este caso está relacionado con contratos multimillonarios adjudicados por la UNGRD que han levantado sospechas de manejos irregulares. La investigación apunta a posibles acuerdos ilícitos entre funcionarios públicos y congresistas para direccionar recursos públicos, lo que podría constituir un grave caso de cohecho. El presidente Petro, quien ha negado anteriormente estar implicado en actos de corrupción, se convierte ahora en una figura clave en el proceso, al ser llamado a dar explicaciones ante las autoridades judiciales.
El documento oficial de la Corte Suprema señala explícitamente que “los sujetos procesales tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar el respectivo cuestionario”. Este movimiento refleja el avance de la investigación y la determinación de la Corte por esclarecer el manejo de estos recursos públicos.
El caso de la UNGRD no solo pone en el centro del debate la transparencia en el uso de los recursos públicos, sino que también somete al presidente Petro a un escrutinio judicial sin precedentes. Esta situación puede tener consecuencias políticas de gran alcance, ya que la posibilidad de que se revelen irregularidades en contratos de tal magnitud podría comprometer la credibilidad de su gobierno. Por otro lado, la intervención de la Corte Suprema refuerza la importancia de la independencia judicial como garantía para investigar incluso a las más altas esferas del poder. Este proceso será observado de cerca, tanto por la opinión pública como por los actores políticos, en un contexto de crecientes tensiones entre las ramas del poder.
