El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), actualmente en su último debate en la Cámara de Representantes, ha generado preocupación por su elevado costo. La iniciativa busca aumentar gradualmente las transferencias a las regiones del 23,8% al 39,5% en los próximos 12 años, como un paso hacia una mayor descentralización fiscal en el país. Sin embargo, expertos y congresistas advierten que su implementación podría tener un impacto devastador en las finanzas públicas.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la reforma costaría entre $218 y $263 billones, lo que equivale a nueve reformas tributarias. Este escenario ha llevado a algunos sectores a calificar la propuesta como «profundamente irresponsable». La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, alertó que el alto costo de la reforma sería insostenible para el Estado y llevaría a un incremento de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 55% al 60%, rompiendo además el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal.
A pesar de las advertencias, la propuesta cuenta con un respaldo significativo por parte de los gobernadores, quienes destacan su importancia para la descentralización y el fortalecimiento de las finanzas regionales. Las administraciones locales han argumentado que el aumento de las transferencias permitirá atender mejor las necesidades en áreas como salud, educación e infraestructura, especialmente en las regiones más apartadas.
Sin embargo, Miranda presentó una proposición para archivar el proyecto, señalando que el presupuesto del país para 2025 tiene un margen de flexibilidad de solo el 9%, lo que imposibilitaría destinar los recursos necesarios sin afectar otras prioridades nacionales. La propuesta de archivo fue rechazada por la plenaria, lo que indica que el debate continuará, aunque bajo un manto de incertidumbre sobre cómo se financiará el ambicioso plan.
La reforma al SGP plantea un dilema entre el fortalecimiento de las regiones y la sostenibilidad fiscal del país. Si bien la descentralización es una meta loable, su ejecución requiere de un análisis financiero riguroso para evitar el colapso de las finanzas públicas. La promesa de recursos a las regiones, sin un plan claro de financiación, puede alimentar expectativas desmesuradas y descontento social si no se cumple. Es imperativo que el Congreso priorice la responsabilidad fiscal y explore mecanismos alternativos para fortalecer las regiones sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
