La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 1.353 crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Norte de Santander. La sentencia, que agrupa a Mancuso y a otros 45 integrantes de esta estructura, incluye delitos como masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos que devastaron comunidades enteras durante su accionar criminal.
El fallo documenta 568 homicidios, 55 desapariciones forzadas y más de 700 desplazamientos, además de violaciones, secuestros y amenazas, todos calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre las atrocidades más conocidas están las masacres perpetradas en municipios como Tibú, El Tarra y Los Patios, en las que decenas de personas perdieron la vida. Según la Fiscalía, estos crímenes fueron ejecutados bajo patrones sistemáticos de violencia ordenados directamente por Mancuso.
A pesar de la magnitud de los delitos, Mancuso no perderá su libertad, pues ya cumplió ocho años de cárcel gracias a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz promulgada durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esta legislación permitió penas reducidas para los máximos responsables del paramilitarismo a cambio de confesiones y reparaciones a las víctimas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas consideran que la pena es insuficiente frente a los devastadores efectos de su accionar paramilitar.
Además de pedir perdón público, Mancuso está obligado a reparar económicamente a las víctimas, un proceso que aún está lejos de concretarse en su totalidad. Las promesas de reparación siguen siendo un punto crítico en la relación entre los victimarios y las comunidades afectadas, que demandan justicia real y efectiva. Mientras tanto, Mancuso, quien ahora busca desempeñarse como gestor de paz, enfrenta el desafío de demostrar su compromiso con la reconciliación nacional.
La sentencia contra Mancuso subraya las fallas estructurales del sistema judicial colombiano al ofrecer beneficios desproporcionados para crímenes de lesa humanidad. La educación y la memoria histórica son esenciales para entender el impacto de estas atrocidades y evitar que se repitan. Educar es construir ciudadanía crítica, capaz de reflexionar sobre su historia y tomar decisiones informadas. La educación no solo es una herramienta para el progreso, sino también el pilar para una sociedad más justa, consciente y libre de impunidad.
