El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, negó cualquier distanciamiento con el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, tras expresar su oposición al proyecto de ordenanza que busca financiar la seguridad del departamento a través de un tributo en las facturas de servicios públicos. Gutiérrez aseguró que, aunque comparten el objetivo de fortalecer la seguridad, no está de acuerdo con cargar a los ciudadanos con un costo adicional en un contexto de tarifas ya elevadas.
En rueda de prensa, Gutiérrez destacó la importancia de explorar otras alternativas para obtener recursos sin afectar a los usuarios. “Hay que evaluar si jurídicamente EPM puede aplicar este cobro, pero más allá de eso, no estoy de acuerdo con aumentar los costos de servicios públicos a los ciudadanos”, afirmó. Además, subrayó que es necesario mantener el diálogo con el gobernador para buscar soluciones conjuntas.
El alcalde propuso alternativas como las obras por impuestos, en las que empresas como EPM podrían contribuir al fortalecimiento de la infraestructura policial y militar. También mencionó que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá destinará $180.000 millones para ampliar los circuitos de cámaras de vigilancia y la instalación de tecnología LPR, en un esfuerzo por apoyar la seguridad en la región sin recurrir a nuevos impuestos.
Gutiérrez enfatizó que su relación con Rendón sigue siendo sólida, pese a las diferencias en este tema. “No hemos peleado. En la mayoría de asuntos estamos de acuerdo, pero hay diferencias en algunos temas como este. Sin embargo, seguimos trabajando juntos porque la seguridad de Antioquia lo exige”, aseguró. Ambos mandatarios han señalado que continuarán discutiendo las posibles fuentes de financiación para enfrentar los desafíos de seguridad en el departamento.
El rechazo de Gutiérrez al impuesto propuesto por Rendón refleja una postura crítica frente a medidas que pueden ser percibidas como una carga adicional para los ciudadanos. Aunque sugiere alternativas viables, el debate subraya las tensiones entre las necesidades urgentes de seguridad y la sostenibilidad económica de la región. La capacidad de ambos líderes para encontrar un consenso será crucial para atender las demandas de los antioqueños sin comprometer su bienestar financiero.
