En contundentes operativos realizados el pasado 15 de noviembre en Bolívar y Arauca, la fuerza pública asestó un fuerte golpe al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando un saldo de 13 insurgentes muertos, cuatro capturados y la recuperación de cuatro menores de edad reclutados de manera ilegal. Sin embargo, las acciones cobraron la vida del teniente de la Policía Nacional Jorge Humberto Muñoz Gómez, además de dejar a tres uniformados heridos.
En Arauca, la operación en zona rural de Arauquita neutralizó a seis integrantes del frente Domingo Laín Sanz, liberó a un secuestrado y recuperó a un menor de edad. Este frente es señalado como responsable de ataques recientes en Puerto Jordán, donde tres soldados murieron y 28 más resultaron heridos. En el lugar se incautaron 13 armas largas, siete cortas, dos drones y más de 2.500 municiones de diferentes calibres.
Mientras tanto, en San Pablo, Bolívar, las fuerzas militares abatieron a siete miembros del ELN, capturaron a cuatro más y rescataron a tres menores reclutados ilegalmente. En esta región, el grupo insurgente ejercía actividades extorsivas contra mineros, campesinos y comerciantes, además de perpetrar ataques con explosivos contra infraestructura petrolera, causando daños ambientales significativos. Entre el material incautado se encuentran 11 armas de fuego, incluyendo nueve fusiles.
El gobierno ha destacado estos resultados como una muestra de la capacidad operativa de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. No obstante, la pérdida de un oficial y los uniformados heridos subrayan el alto costo humano de estas operaciones. Las autoridades aseguran que continuarán con las acciones para desmantelar las estructuras delictivas del ELN en estas regiones estratégicas del país.
Estos operativos representan un avance importante contra el ELN, pero también reflejan la persistencia de un conflicto armado que afecta zonas rurales estratégicas como Bolívar y Arauca. La recuperación de menores de edad y la liberación de un secuestrado subrayan la gravedad del impacto de estas estructuras sobre la población civil. Sin embargo, para consolidar la seguridad en estas áreas, es necesario complementar las acciones militares con estrategias de desarrollo y atención integral que reduzcan las condiciones que favorecen la influencia de estos grupos.
