El presidente Gustavo Petro aseguró haber incrementado las transferencias a la Universidad de Antioquia (UdeA) en un 36 % durante su mandato, pero los datos revelan que esta cifra es engañosa si se considera la inflación acumulada de los últimos dos años. Mientras la comunidad universitaria enfrenta un déficit de $138.000 millones, las promesas del gobierno parecen quedarse cortas frente a la magnitud de la crisis.
Entre 2022 y 2024, las transferencias nominales de la nación pasaron de $464.776 millones a $619.399 millones. Sin embargo, el aumento real, descontando la inflación (13,12 % en 2022 y 9,28 % en 2023), es apenas del 8,59 %. Este incremento no compensa las crecientes necesidades de una institución que ha duplicado su matrícula desde los años noventa, alcanzando casi 40.000 estudiantes en 2024. Además, la gratuidad para los estratos más vulnerables, implementada desde 2021, sigue siendo una carga presupuestal sin los giros completos por parte del gobierno.
El problema no es solo del gobierno central. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, que aportan el 4 % y 0 % de los ingresos de la Universidad, respectivamente, también están bajo presión para aumentar su apoyo financiero. Sin embargo, los gobiernos locales argumentan tener compromisos educativos significativos con otras instituciones como el Tecnológico de Antioquia y el Colegio Mayor. Por su parte, la comunidad universitaria exige una reforma estructural a la Ley 30 de 1992 para garantizar una financiación sostenible.
Analistas coinciden en que la crisis de la UdeA refleja un problema más amplio de desfinanciación de la educación pública en Colombia. La inversión insuficiente en un sector clave para el desarrollo del país no solo afecta a los estudiantes y docentes, sino que también compromete la calidad de la educación y la investigación. Este desafío debe ser abordado con soluciones estructurales y no con medidas paliativas que perpetúen el déficit.
