El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó el 12 de noviembre de 2024 que el Estado colombiano deberá indemnizar con USD 379,8 millones a la empresa de telecomunicaciones Telefónica. La sentencia, que incluye además intereses compuestos y costas legales, surge de un largo conflicto jurídico sobre la reversión de activos de telecomunicaciones al Estado, una medida que Telefónica consideró violatoria de los acuerdos de inversión entre Colombia y España.
La disputa se remonta a los contratos de concesión firmados en 1994, los cuales establecían que las empresas que operaban telefonía móvil en el país, como Telefónica y Claro, debían devolver sus activos al Estado tras la finalización del contrato en 2014. Sin embargo, en 1998, la Ley 422 especificó que solo el espectro radioeléctrico revertiría al Estado, mientras que los activos físicos seguirían siendo propiedad de las compañías. A pesar de esta ley, en 2017, Colombia solicitó la devolución de todos los activos de las empresas, incluyendo infraestructura, lo que dio lugar a este conflicto.
La sentencia del CIADI condena a Colombia por incumplir con el trato justo y equitativo previsto en el acuerdo de protección de inversiones entre Colombia y España, argumentando que las decisiones de la Corte Constitucional y las medidas de MinTIC obligaron a Telefónica a asumir un pago elevado en 2017, vulnerando así los derechos de sus inversiones. La indemnización asciende a cerca de 1,7 billones de pesos colombianos, lo cual representa un duro golpe para el Estado, que ya había obtenido en 2021 un fallo favorable en un conflicto similar con Claro, evitando un desembolso de más de USD 1.200 millones.
En respuesta, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, anunció que solicitará la revisión de este fallo y el recurso de anulación, que debe interponerse de inmediato para intentar revocar la sanción. Lizcano señaló que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), encargada de la defensa en estos casos, tiene la responsabilidad de justificar y sustentar el recurso. En los últimos años, Colombia ha enfrentado más de 20 demandas internacionales de inversión, y si bien ha ganado la mayoría de estos casos, las pérdidas recientes evidencian el reto de mantener la seguridad jurídica frente a las inversiones extranjeras en un contexto cambiante.
Este fallo refleja la complejidad de los litigios de inversión en un país que debe balancear sus políticas nacionales con los compromisos internacionales. En un entorno donde las demandas de inversión contra Colombia son cada vez más frecuentes, el gobierno enfrenta la necesidad de definir con claridad los alcances de la protección de activos y las condiciones de inversión para evitar futuros conflictos legales que pueden tener graves repercusiones económicas.
