El gobierno colombiano evalúa retirar de la reforma a la justicia el artículo que propone una rebaja de penas a los agresores de menores. Este controversial punto, incluido en el proyecto de Ley 281 de 2024, ha generado una profunda división en el Congreso y en la opinión pública, debido a que contempla reducciones de hasta un 25% de las penas para quienes acepten cargos mediante preacuerdos judiciales.
El debate se intensificó luego de un trágico caso en el Valle del Cauca, en el que una menor de 12 años fue asesinada. Este incidente evidenció las fallas en el sistema penal, como los retrasos judiciales y la congestión en las cárceles. Ante la posibilidad de que el artículo facilite la impunidad en crímenes graves contra menores, la Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo, cuestionando si una reducción de penas podría realmente mejorar la eficiencia judicial sin debilitar las sanciones para estos delitos
Por su parte, algunos senadores han manifestado su desacuerdo con la medida. Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, reveló que se está buscando un consenso en la Comisión para eliminar este artículo, y afirmó que en su opinión personal no debería incluirse en la reforma. La mayoría de los congresistas no respaldan un beneficio que consideran inapropiado para delitos de tal gravedad, sobre todo en el contexto de un sistema judicial que ya cuenta con alternativas como la justicia premiada, que permite rebajas en otros tipos de delitos
Para el Ministerio de Justicia, sin embargo, el objetivo de la propuesta es aliviar la congestión del sistema judicial, una situación que actualmente afecta miles de casos y que ha permitido que personas acusadas de crímenes graves permanezcan en libertad por vencimiento de términos o fallas logísticas. En los próximos días, la Comisión Primera del Senado tomará una decisión final respecto a la continuidad de este artículo, mientras la presión social y el reciente caso que conmocionó al país fortalecen la postura de rechazo generalizado
