Este martes, el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra tres exfuncionarios del gobierno de Iván Duque: Diego Molano, exministro de Defensa; Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional; y Norberto Mujica, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. La acusación señala que estos exfuncionarios habrían adquirido el controvertido software de espionaje Pegasus, utilizado para interceptar comunicaciones privadas y acceder a información sensible en dispositivos móviles, en un proceso que podría incluir varios delitos.
Toro argumenta que en la compra y uso de Pegasus se habrían cometido delitos de lavado de activos, celebración indebida de contratos y acceso abusivo a un sistema informático. Según el congresista, el software, valorado en 11 millones de dólares, pudo haber sido empleado para vulnerar derechos fundamentales de figuras políticas de la oposición, periodistas y líderes juveniles que participaron en las protestas del ‘estallido social’ de 2021. “Exigimos respuestas claras sobre quiénes estuvieron involucrados y quiénes fueron objeto de estas operaciones de vigilancia”, afirmó Toro.
La denuncia coincide con declaraciones recientes de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien confirmó que se hizo un pago inicial de 5,5 millones de dólares en efectivo a través de una operación cambiaria en dólares, realizado en junio y destinado a Israel. Sin embargo, la fiscal también señaló que en las investigaciones no se ha encontrado el rastro de Pegasus en las entidades donde podría haber sido instalado, incluyendo la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Según Camargo, la búsqueda continúa para establecer si el software sigue en manos del Estado.
El caso Pegasus ha generado amplia polémica a nivel mundial por su uso en actividades de espionaje a gran escala, y Colombia no ha sido la excepción. La denuncia presentada busca esclarecer si esta herramienta fue usada para vigilar a ciudadanos de manera indebida y si se trató de una adquisición no solo oculta, sino también injustificada. El Pacto Histórico ha advertido que, de comprobarse estos hechos, se trataría de una violación grave de derechos, especialmente al haberse empleado fondos públicos en el proceso. La investigación de la Fiscalía avanza, y el país espera más revelaciones sobre el manejo del software y su posible rol en un esquema de espionaje político en Colombia.
