La reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que busca incrementar de manera significativa los fondos destinados a regiones y municipios se enfrenta a preocupaciones fiscales de alto calibre. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en su análisis ante el Senado, advirtió que la medida sería inviable sin implementar al menos tres reformas tributarias adicionales para asegurar su sostenibilidad financiera.
La iniciativa, que ahora cuenta con respaldo del Gobierno, pretende llevar la proporción de los ingresos corrientes de la Nación transferidos a las entidades territoriales del 20% actual al 46%, aplicando un incremento progresivo de 2,5 puntos porcentuales anuales desde 2027 hasta alcanzar la meta en 2036. Sin embargo, el Carf señaló que esta reforma superaría el límite de deuda establecido en la ley, lo que implica que el gasto y el déficit fiscal podrían dispararse por encima del umbral máximo permitido, que es del 71% del PIB.
Astrid Martínez, presidenta del Carf, explicó que las presiones fiscales actuales ya son elevadas, con el presupuesto de 2024 y 2025 al borde de los límites de la Regla Fiscal. Martínez destacó que alrededor del 83% del gasto del Gobierno Nacional Central (GNC) es inflexible, lo cual restringe aún más la capacidad de reacción ante shocks económicos. Según el Carf, de implementarse la reforma, el déficit fiscal podría ampliar el déficit estructural del país y “comprometer funciones esenciales del Estado”, como defensa e infraestructura.
El Comité calcula que el aumento de las transferencias requeriría un esfuerzo equivalente a los ingresos de tres reformas tributarias para su financiamiento completo. Además, se teme que estos recursos adicionales restringirían de manera drástica la inversión pública, posiblemente hasta niveles insostenibles. Esta situación provocaría, a su vez, la reducción del espacio fiscal para cubrir servicios esenciales y las obligaciones que el Estado debe cumplir, como educación y salud, que serían los sectores más demandantes de estos fondos adicionales.
En cuanto a la viabilidad técnica, el Carf señala que la propuesta no contiene una base de análisis sólida sobre la capacidad de gestión de las entidades territoriales y el manejo de los fondos en áreas prioritarias, como educación, salud y saneamiento básico.
