En una medida crucial para la protección de los derechos de las víctimas, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que rechace una solicitud presentada por la defensa de varios exintegrantes de las Farc. Esta solicitud busca anular los cargos relacionados con la violencia sexual y de género cometida contra mujeres y niñas, y los delitos contra personas con orientaciones sexuales diversas durante el conflicto armado.
El documento de 27 páginas, firmado por la procuradora delegada Uldi Teresa Jiménez, enfatiza que aceptar esta nulidad sería una grave violación a los derechos de las víctimas y del orden jurídico. En su argumento, Jiménez explicó que la imputación de estos delitos, agrupados bajo el «Patrón 4», responde a un análisis integral de los crímenes cometidos en territorios específicos, como Nariño, y no constituye una vulneración del debido proceso de los comparecientes.
La defensa había alegado que los procesos violaban sus derechos fundamentales, pero la Procuraduría fue enfática al subrayar que estos procesos buscan priorizar la investigación sin atribuir directamente la responsabilidad individual en esta etapa. Además, se destacó la importancia de esclarecer todos los crímenes graves contra los derechos humanos para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.
Esta solicitud de la Procuraduría se produce en un contexto de creciente preocupación por la posibilidad de que algunos exintegrantes de las Farc no enfrenten las debidas consecuencias por los delitos sexuales cometidos durante el conflicto, lo que ha generado un fuerte rechazo entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
