Un reciente decreto del Gobierno ha generado controversia, dejando a cerca de 400.000 personas en un limbo respecto a la posibilidad de trasladarse entre el régimen de fondos privados y Colpensiones. La normativa establece que solo quienes tengan al menos 750 semanas cotizadas (en el caso de mujeres) o 900 semanas (hombres) al 16 de julio de 2024, y se encuentren a menos de diez años de la edad de jubilación, podrán realizar el traslado.
Esta medida excluye a aquellos que ya han alcanzado la edad de pensión, como las mujeres de más de 57 años y los hombres de más de 62. Según el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, esta restricción afectaría a unas 250.000 personas afiliadas a su entidad, mientras que los fondos privados calculan que el número podría aumentar a 400.000, considerando también a sus afiliados.
Expertos como Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, han advertido que la norma no es clara sobre qué sucederá con los colombianos que ya han alcanzado la edad de pensión y desean trasladarse. Wills señaló que esta situación podría generar un incremento en las demandas judiciales, ya que los afectados buscarían que se les reconozcan sus derechos.
El riesgo de una «lluvia de demandas» no es solo una preocupación de los fondos privados. Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, afirmó que aquellos que no puedan trasladarse podrían verse obligados a demandar, generando una sobrecarga judicial y altos costos para Colpensiones, que ya enfrenta la posibilidad de recibir hasta 16 millones de nuevos afiliados.
