El reciente fallo de la Dimayor, que le otorgó los tres puntos a Junior tras los desmanes ocurridos en el partido contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, ha generado gran controversia en el fútbol colombiano. La decisión de sancionar al equipo antioqueño ha sido duramente criticada por sus directivos, quienes consideran que el resultado premia la violencia en los estadios y sienta un peligroso precedente para futuros encuentros.
Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, expresó su desacuerdo con el fallo, argumentando que castigar a su equipo, que lideraba el marcador 2-0 en el momento de la suspensión, es una injusticia. Según el directivo, esta decisión envía un mensaje equivocado, incentivando a los «enemigos del fútbol» a desatar la violencia en las tribunas con la intención de beneficiar a su equipo. Arango también recordó que en casos anteriores, como en los partidos entre Cali y Tuluá en 2022, y Junior contra La Equidad en 2023, la Dimayor no aplicó la misma sanción.
Desde el punto de vista jurídico, algunos expertos como el abogado deportivo Andrés Charria defienden la decisión de la Dimayor, señalando que la argumentación del fallo es sólida y busca reforzar las medidas de seguridad en los estadios. Para Charria, la responsabilidad del equipo local en garantizar la logística y seguridad es clara, y cualquier falla en este aspecto puede llevar a consecuencias graves, como la suspensión del partido.
A pesar de esto, Nacional ha decidido apelar la sanción y ha anunciado que, de ser necesario, llevará el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Internacional (TAS). El club argumenta que cumplió con todas las disposiciones de seguridad, contando con más de 570 policías, 470 personas de logística y otros recursos para garantizar la seguridad de los 26.567 asistentes. Sin embargo, el ingreso de armas blancas al estadio, que fue uno de los factores clave en los disturbios, es uno de los puntos que la Dimayor ha señalado como una falla en el control del evento.
