Este martes se confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobará el presupuesto nacional para 2025 por decreto, tras el fracaso en alcanzar un acuerdo en el Congreso. Con un monto de $523 billones, la decisión ha generado gran controversia, ya que será la primera vez en la historia reciente que se emplea este mecanismo, lo que ha levantado críticas sobre una posible «dictadura fiscal».
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue quien anunció que, debido a la falta de consenso, el Ejecutivo procederá a decretar el presupuesto. “Tendremos presupuesto por decreto”, afirmó Bonilla, descartando cualquier modificación al proyecto inicial. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando congresistas y observadores económicos señalaron que el presupuesto aprobado carece de la financiación necesaria, con una brecha de $12 billones que debería ser cubierta por la próxima reforma tributaria.
La senadora Angélica Lozano, quien ha sido una de las voces más críticas, calificó la situación como “indeseable” y advirtió sobre el impacto negativo que podría tener en la confianza de los inversionistas y las calificadoras de riesgo. Lozano explicó que este tipo de medidas generan desconfianza, ya que imponen el presupuesto sin el respaldo de la discusión parlamentaria, lo que podría agravar la incertidumbre económica.
Además del presupuesto por decreto, la controversia se ha enfocado en el recorte presupuestal a la Registraduría, un tema que sigue sin resolverse del todo. Aunque Bonilla negó cualquier cambio en los recursos destinados a la entidad, la inquietud persiste, especialmente en un año previo a las elecciones, cuando la preparación es crucial para garantizar procesos transparentes.
Ahora, el debate se traslada a la reforma tributaria, de la cual depende la financiación de parte del presupuesto aprobado. El éxito o fracaso de esta reforma determinará si el Gobierno logra cuadrar las cuentas para el 2025.
