La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha tomado control de la empresa Air-e, encargada del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, debido a problemas financieros graves que amenazan con interrumpir el servicio en la región. La intervención, que durará inicialmente un año, estará a cargo del ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien supervisará la revisión de los estados financieros y las operaciones de la empresa.
El superintendente Dagoberto Quiroga destacó que la intervención busca estabilizar Air-e y, dependiendo de los resultados, la empresa podría ser devuelta a sus propietarios. Sin embargo, no se descarta la liquidación si no se logran los objetivos propuestos. Esta medida responde a las deficiencias operativas y financieras que la empresa ha enfrentado en el Caribe colombiano, donde solo podía operar unos pocos días más antes de enfrentar una cesación de servicio.
En paralelo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha expresado una fuerte preocupación por los riesgos que enfrenta el sector eléctrico en Colombia. Rodríguez alertó sobre la posibilidad de que hasta 10 millones de personas queden sin energía si no se toman medidas adecuadas. Además, advirtió que la situación podría extenderse a otras empresas como Afinia y afectar a EPM, lo que podría tener consecuencias graves para las finanzas de Medellín y Antioquia.
El Contralor también resaltó que el costo de una intervención puede alcanzar aproximadamente 4 billones de pesos al año, una cifra significativa que podría agravar aún más la situación financiera del país. Subrayó que es crucial adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales y evitar un riesgo sistémico que podría afectar a millones de habitantes.
Rodríguez hizo un llamado urgente a los ministerios, superintendencias y al Gobierno para que implementen acciones concretas y efectivas para resolver las crisis en el sector eléctrico y evitar la posible interrupción del servicio a nivel nacional. La situación en Air-e y otras empresas del sector sigue siendo una preocupación crítica, con implicaciones potenciales para el desarrollo económico y la estabilidad del país.
