El 3 de septiembre de 2024, el Pacto Histórico, liderado por el representante Alirio Uribe Muñoz, presentó un proyecto de reforma política que ha suscitado controversia en el Congreso y la opinión pública. La iniciativa busca modificar la Constitución para cambiar las reglas electorales y supuestamente fortalecer la democracia, pero algunos de sus puntos más polémicos podrían beneficiar a los actuales congresistas.
Transfuguismo sin sanciones
Uno de los aspectos más controvertidos es la reintroducción del transfuguismo, que permitiría a los miembros de cuerpos de elección popular cambiar de partido una única vez sin perder su curul ni incurrir en doble militancia. Esto podría facilitar que los congresistas se afilien a nuevos partidos sin enfrentar consecuencias legales.
Financiación estatal de campañas
Otro punto de debate es la propuesta de financiar las campañas electorales exclusivamente con fondos estatales, eliminando la participación de donaciones privadas. Esto se haría mediante anticipos y reposición de gastos, con sanciones estrictas para quienes violen los topes máximos de financiación.
Voto obligatorio y restricciones a la reelección
El proyecto también propone la instauración del voto obligatorio, sin sanciones para quienes no puedan votar por razones de fuerza mayor. Además, busca limitar la reelección en el Congreso, estableciendo que nadie podrá ser elegido para más de tres periodos consecutivos en los diferentes órganos legislativos.
Cambios en la edad mínima para cargos electos y voto electrónico
Entre otras propuestas, se incluye la reducción de la edad mínima para ser elegido representante a la Cámara o senador, fijándola en 18 años. También se contempla la implementación del voto electrónico para agilizar y garantizar la transparencia en los procesos electorales.
Listas cerradas y paritarias
Finalmente, se propone la creación de listas únicas, cerradas y paritarias para la elección de candidatos, con consultas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir el orden de las candidaturas. Aunque estas medidas no entrarían en vigor hasta las elecciones de 2030, ya han generado un intenso debate sobre su impacto en el sistema político colombiano.
La reforma, que aún debe pasar por ocho debates en el Congreso, enfrenta la resistencia de varios sectores que consideran que algunas de sus propuestas podrían consolidar el poder de los actuales congresistas y limitar la participación democrática.
