El presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión que promete generar controversia en el país: ha designado como gestores de paz a cuatro disidentes de las Farc, quienes fueron capturados en julio por el uso irregular de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La resolución firmada por el mandatario no solo les otorga este nuevo rol, sino que también suspende temporalmente las órdenes de captura en su contra durante seis meses, tiempo en el que deberán cumplir con sus nuevas funciones.
Entre los designados se encuentra Edgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo’ o ‘Firu’, quien es señalado como el cabecilla principal de la Estructura 36 y está acusado de ser el autor intelectual del ataque en el que murieron seis soldados en Valdivia. A él se suman Diego Armando Vargas Betancourt, alias ‘Boyaco’, líder de las disidencias en el nororiente del país; Yenser Yosony Duque, alias ‘Oliver González’, cabecilla de la Comisión del Frente Raúl Reyes; y María Alejandra Ojedo, de quien se conoce poco sobre su papel en la organización.
La designación de estos individuos como gestores de paz tiene como objetivo, según el Gobierno, que contribuyan con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, y que promuevan acuerdos y acciones humanitarias en las regiones afectadas por el conflicto. Este anuncio ha generado diversas reacciones entre sectores políticos y sociales, quienes cuestionan si esta medida es un paso hacia la paz o una concesión peligrosa.
Durante los seis meses que dure su rol como gestores de paz, los disidentes deberán asistir a todas las diligencias judiciales requeridas, además de presentar un informe mensual sobre sus actividades al Alto Comisionado para la Paz. Esta es la segunda vez que el Gobierno de Petro nombra a antiguos combatientes en roles de paz, una estrategia que ha sido criticada por sus detractores, pero que el Ejecutivo defiende como parte de su política de “paz total”.
