El Acuerdo de Escazú, un tratado internacional clave para la protección ambiental y de los derechos de los defensores del medioambiente, recibió este 28 de agosto de 2024 la aprobación final por parte de la Corte Constitucional de Colombia. La decisión, unánime, respalda tanto el proceso legislativo de aprobación como la fase previa liderada por el gobierno, asegurando que todos los requisitos constitucionales fueron cumplidos.
Con esta ratificación, Colombia se une a otros países de América Latina que han adoptado este acuerdo, que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana en decisiones ambientales, y la protección efectiva de los activistas que defienden la naturaleza. Según la Corte, la implementación de estos derechos es esencial para el fortalecimiento de la participación ciudadana y está en plena consonancia con los postulados de la Constitución.
El Acuerdo de Escazú es particularmente relevante para Colombia, un país que ha visto un aumento preocupante en la violencia contra líderes ambientales. En 2023, se registraron 33 asesinatos de ecologistas, posicionando a Colombia como uno de los países más peligrosos para quienes defienden los recursos naturales. La entrada en vigor de este acuerdo representa un paso crucial para garantizar un entorno seguro para estos defensores.
Con la luz verde de la Corte Constitucional, se espera que el gobierno colombiano avance en la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, proporcionando un marco jurídico unificado y estandarizado que refuerce la protección ambiental y los derechos de los ciudadanos en asuntos ambientales.
