El proyecto de ley que propone eliminar gradualmente el impuesto del 4×1000 ha sido presentado en el Congreso, suscitando un intenso debate en medio de la controversia sobre la estabilidad fiscal y el impacto en la economía. La iniciativa, liderada por los representantes Christian Garcés, Katherine Miranda y Armando Zabarain, busca desmantelar este gravamen que ha sido objeto de críticas desde su creación como medida temporal en 1998.
Según el texto del proyecto, el desmonte se llevará a cabo de manera escalonada a partir de 2026, disminuyendo el gravamen en 0,5 puntos porcentuales cada año hasta su eliminación total en 2033. Este proceso reduciría gradualmente el impuesto del 3.5×1000 en 2026 al 0x1000 en 2033, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, reducir los costos operativos para empresas y ciudadanos, y simplificar el sistema tributario.
La representante Miranda destacó que la eliminación del 4×1000 podría estimular la economía al incrementar el consumo y la inversión, y que es necesario corregir las distorsiones que este impuesto ha generado en el sistema financiero. «Aunque este impuesto fue introducido como una medida temporal, se ha convertido en una carga permanente que limita la bancarización y afecta a los ciudadanos que intentan mantenerse dentro del sistema financiero formal», señaló.
No obstante, la propuesta ha generado preocupación entre quienes advierten que el desmonte del 4×1000 podría afectar significativamente las finanzas públicas. El impuesto recauda anualmente una cifra considerable que contribuye al presupuesto nacional, y su eliminación total requerirá que el gobierno busque fuentes alternativas de ingresos o realice ajustes en el gasto público. A medida que avanza el debate legislativo, el país espera con expectativa cómo esta propuesta podría transformar el panorama económico y fiscal en los próximos años.