El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse una nueva reforma tributaria en Colombia. En una entrevista reciente, Ocampo enfatizó que, en la coyuntura fiscal actual, una nueva reforma no es conveniente. Señaló que los ingresos proyectados por el Gobierno han sido sobreestimados, y que ya se ha observado una caída en los recaudos de 2024, especialmente en aquellos relacionados con las importaciones y el sector externo.
Ocampo destacó que la situación fiscal del país, aunque compleja, no es catastrófica, pero advirtió que el enfoque debería estar en la racionalización del gasto, especialmente en el gasto de funcionamiento, en lugar de buscar nuevas fuentes de ingreso a través de impuestos adicionales. El exministro sugirió que, en lugar de considerar una reducción en el impuesto de renta para las empresas, que es una de las ideas que se han discutido, el Gobierno debería concentrarse en recortar gastos innecesarios y optimizar el uso de los recursos existentes.
El exministro también hizo hincapié en la importancia de mantener la inversión pública y privada para reactivar la economía, aunque reconoció que el contexto actual de desaceleración económica y alta inflación ha complicado este objetivo. Ocampo expresó su desacuerdo con algunas decisiones del Gobierno, como la congelación de peajes y las incertidumbres generadas en torno a las vigencias futuras, que han afectado negativamente la inversión privada en infraestructura.
Además, Ocampo advirtió sobre el riesgo que representa la baja calificación crediticia del país y la necesidad de generar confianza en las calificadoras de riesgo para evitar un aumento en los costos financieros de la deuda pública. Afirmó que, si bien la deuda pública neta se mantiene en niveles manejables, el costo del financiamiento ha aumentado, en parte debido a la pérdida del grado de inversión en 2021.
Finalmente, Ocampo subrayó que cualquier política de reactivación económica debe basarse en una colaboración efectiva entre el sector público y el sector privado, y que el Gobierno debe garantizar reglas claras y un entorno de confianza para que la inversión pueda crecer y contribuir al desarrollo económico del país.
