En el Congreso de Colombia avanza un proyecto de ley que busca poner fin al matrimonio infantil en el país, proponiendo aumentar la edad mínima para contraer matrimonio de 14 a 18 años. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación PLAN, tiene como objetivo proteger a las niñas y niños de las uniones prematuras que a menudo interrumpen su educación y los obligan a asumir responsabilidades de adultos a una edad temprana.
El proyecto ha generado un amplio debate en el país, especialmente tras las declaraciones del senador Humberto de la Calle, quien sugirió durante una intervención en el Congreso que un juez de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberían garantizar la legitimidad de los matrimonios entre menores de edad o entre un adulto y un niño. Esta propuesta ha suscitado críticas y abierto una discusión sobre los derechos de los menores y la protección contra prácticas que, en muchos casos, encubren abusos.
La realidad del matrimonio infantil en Colombia es particularmente preocupante en zonas rurales, donde las niñas son a menudo forzadas a abandonar sus estudios para casarse, lo que a menudo conduce a embarazos adolescentes y una serie de consecuencias negativas para su salud física y psicológica. Según expertos en infancia, los jóvenes menores de 18 años carecen de la madurez emocional y las herramientas necesarias para tomar decisiones tan importantes como el matrimonio, lo que hace aún más urgente la necesidad de legislar al respecto.
Además de buscar la eliminación del matrimonio infantil, el proyecto de ley también aborda el problema del incesto, una práctica que persiste en algunas comunidades rurales y que utiliza el matrimonio como un medio para encubrir abusos sexuales. Esta propuesta de ley no pretende prohibir el aborto ni restringir la libertad sexual de las adolescentes, sino que busca garantizar que las niñas y niños tengan la oportunidad de completar su educación, desarrollarse como personas y tomar decisiones sobre su futuro de manera informada y libre.
El debate sobre este proyecto de ley continúa, con voces a favor y en contra, pero con un objetivo claro: proteger a los menores de edad y asegurar que su derecho a una vida plena y segura sea respetado en todo el territorio colombiano.
