En un movimiento que intensifica la represión contra los manifestantes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves 1 de agosto el encarcelamiento de más de 1,200 detenidos en dos prisiones de máxima seguridad. Esta decisión se produce tras las protestas masivas que han estallado en el país en respuesta a los controvertidos resultados electorales del pasado domingo, que ratificaron a Maduro como ganador, un resultado que ha sido ampliamente cuestionado por la oposición y la comunidad internacional.
Maduro anunció que las cárceles de Tocorón y Tocuyito, situadas en los estados de Aragua y Carabobo respectivamente, serán los nuevos destinos para los detenidos. “Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas en 15 días, ya estaban preparándose, y todos los guarimberos van para estos penales”, declaró el mandatario durante una reunión con empresarios. El término “guarimberos” es usado por el chavismo para referirse a los manifestantes antigubernamentales.
El presidente reiteró que los detenidos son parte de un supuesto golpe de Estado en su contra y aseguró que no habrá perdón ni contemplación. “No va a haber perdón ni contemplación”, enfatizó Maduro, recordando que el Estado actuará “en el marco de la Constitución y de las leyes”. Además, sugirió que estas cárceles de máxima seguridad se transformarán en granjas productivas, siguiendo el modelo implementado durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958).
Las manifestaciones, que han dejado un saldo de 11 muertos según organizaciones no gubernamentales, fueron desencadenadas por la percepción de fraude en las elecciones. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, ha publicado actas electorales que, según ellos, demuestran que González ganó los comicios por un amplio margen. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados completos, violando la normativa establecida, lo que ha generado una mayor demanda de transparencia tanto a nivel nacional como internacional.
La comunidad internacional ha seguido de cerca estos eventos, con numerosos países y organizaciones pidiendo una verificación imparcial de los resultados y la liberación de los detenidos. La situación en Venezuela sigue siendo tensa, y la respuesta del gobierno a las protestas ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos y líderes políticos en todo el mundo.