El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha recibido un duro golpe luego de que Apple y Google bloquearan una aplicación que había sido modificada para permitir a los ciudadanos denunciar a los opositores al gobierno. Esta aplicación, originalmente diseñada para reportar incidencias en los servicios públicos, fue adaptada para que los usuarios pudieran ingresar datos personales de personas que participaban en protestas contra el régimen, bajo la categoría «Guarimba Fascista».
El presidente Maduro anunció esta nueva funcionalidad en una alocución desde el palacio de Miraflores, instando a la población a reportar a los «traidores» que atacaban al pueblo, según su discurso. La modificación de la aplicación suscitó una ola de críticas por parte de internautas y defensores de los derechos humanos, quienes argumentaron que esta herramienta facilitaba la persecución política y violaba derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso.
Las tiendas de aplicaciones de Apple (App Store) y Google (Play Store) reaccionaron a estas denuncias y bloquearon la aplicación, impidiendo su descarga y uso. Esta medida fue bien recibida por la comunidad internacional, que ha estado observando de cerca la situación en Venezuela tras las controversiales elecciones del 28 de julio, en las que se acusa al régimen de fraude electoral.
Desde la publicación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral, se han registrado numerosas manifestaciones en el país, con ciudadanos protestando contra un nuevo mandato de Maduro. Las calles han sido escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, resultando en múltiples arrestos arbitrarios y, según informes de organismos internacionales, al menos 12 muertes relacionadas con las protestas.
La decisión de bloquear la aplicación es vista como un paso importante para proteger los derechos de los ciudadanos venezolanos en medio de una crisis política cada vez más aguda. Mientras tanto, el régimen de Maduro continúa enfrentando una fuerte presión tanto interna como externa para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el país.
