La Procuraduría General de la Nación ha confirmado la destitución e inhabilidad general por 12 años de Luis Guillermo Pérez Casas, superintendente de Subsidio Familiar, en un fallo de segunda instancia. La sanción se impuso por haber solicitado dinero a las cajas de compensación familiar, entidades bajo su supervisión, para financiar proyectos en Buenaventura, Valle del Cauca. Esta acción fue considerada una desviación de los fines misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, violando los principios éticos y legales de la función pública.
El Ministerio Público también determinó que Pérez Casas modificó ilegalmente la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores en las cajas de compensación. Se descubrió que el funcionario alteró los requisitos establecidos en la convocatoria de mayo de 2022, permitiendo la inclusión de personas que no participaron en el proceso o que no cumplían con los criterios mínimos exigidos. Estas acciones fueron calificadas como una grave infracción de los principios de igualdad, legalidad y moralidad que rigen la administración pública.
La Procuraduría destacó que estos actos constituyeron faltas disciplinarias de la mayor gravedad, cometidas con dolo, es decir, con plena conciencia de su ilicitud. La decisión busca garantizar la integridad y transparencia en la gestión pública, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar el cargo para fines personales o indebidos.
Con esta sanción, Luis Guillermo Pérez Casas queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante los próximos 12 años, reafirmando el compromiso del Estado colombiano en la lucha contra la corrupción y la promoción de una administración pública ética y responsable.
