La senadora Paola Holguín ha solicitado una investigación al presidente Gustavo Petro por presunta financiación al terrorismo, basada en las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, ante la Corte Suprema de Justicia.
Durante su comparecencia, López afirmó que se habrían direccionado contratos de la entidad para entregarlos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como una forma de asegurar la continuidad en los diálogos de paz, argumentando que este grupo armado reclamaba la necesidad de recursos para su manutención.
«Es que ellos (el ELN) emitieron un comunicado hace unos meses diciendo ‘volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz’, y ¿cómo los iban a garantizar? Pues con contratos», sostuvo López.
En respuesta a estas afirmaciones, Holguín recordó que la financiación al terrorismo es un delito tipificado en el Código Penal y pidió que la Corte Suprema de Justicia envíe copias de las declaraciones de López a la Comisión de Acusaciones. «Es muy importante que la Corte Suprema de Justicia compulse copias a la Comisión de Acusaciones de las declaraciones de Olmedo López porque allí él declara que Petro direccionó contratación de la entidad para el ELN. Eso se tipifica como delito: financiación de terrorismo y organizaciones de crimen organizado en el artículo 345 del Código Penal», declaró Holguín.
Según las declaraciones reveladas por Noticias Caracol, López señaló: «Lo que yo entendí en esa carta del ELN es que les habían garantizado, y ¿cómo les garantiza uno la manutención a unos frentes que están dialogando de paz? Yo no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas, y luego el comunicado de volvemos a la mesa cuando veo que uno de esos contratos va para ese territorio de una alta influencia guerrillera del ELN».
Tanto el presidente Gustavo Petro como la delegación de paz del Gobierno han negado las afirmaciones del exdirector de la UNGRD, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos de paz.
Estas acusaciones han generado una gran controversia en el ámbito político colombiano, aumentando la presión sobre el Gobierno para aclarar la situación y garantizar que no se han cometido actos ilícitos en el manejo de los recursos destinados a la paz.
