La reciente presentación del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la especie Exótica Invasora Hipopótamo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha generado una oleada de críticas y controversia en Colombia. El plan incluye la muerte asistida de algunos hipopótamos, descendientes de los animales que Pablo Escobar trajo a la Hacienda Nápoles en los años 80.
Los defensores de los derechos de los animales han alzado sus voces en contra de esta medida. Santiago Lozano Escobar, un activista prominente, expresó su indignación en las redes sociales, calificando el plan como una «injusta masacre». Lozano y otros activistas abogan por alternativas más humanitarias, como la esterilización y la creación de santuarios, en lugar de recurrir a la eutanasia.
Por otro lado, científicos y expertos en conservación respaldan la medida del Ministerio. Un estudio publicado en la revista Biological Conservation en 2021 concluyó que, sin intervención, la población de hipopótamos podría crecer exponencialmente, alcanzando hasta 1.400 individuos para 2034. Nataly Castelblanco, coautora del estudio, afirmó que los hipopótamos representan una amenaza significativa para los ecosistemas locales y otras especies de fauna silvestre.
La implementación de métodos alternativos ha demostrado ser desafiante. Hasta enero de 2024, solo seis de los veinte hipopótamos programados para esterilización habían sido intervenidos, con un costo total de $240 millones. El traslado a otros países también ha enfrentado obstáculos logísticos y burocráticos, complicando aún más la situación.
Mientras tanto, representantes de organizaciones defensoras de animales, como Tania Galindo de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, continúan su lucha legal y social para detener el plan de eutanasia. Galindo enfatizó que los hipopótamos son inocentes de los actos cometidos por humanos y merecen soluciones que respeten su vida.
La controversia alrededor del manejo de los hipopótamos de Magdalena Medio sigue creciendo, reflejando las complejas tensiones entre conservación ecológica y bienestar animal. Las decisiones futuras del Ministerio de Ambiente serán cruciales para resolver este dilema que divide a la opinión pública en Colombia.
