La reciente aprobación de la reforma pensional del Gobierno Petro ha generado una ola de reacciones y expectativas, tanto a nivel político como social. La propuesta, que promete transformar el sistema de jubilaciones en Colombia, ahora enfrenta su prueba más importante: la revisión por parte de la Corte Constitucional. Expertos aseguran que el futuro de la reforma es incierto debido a posibles vicios de trámite y otras irregularidades detectadas en el proceso legislativo.
El Gobierno sostiene que el proyecto está «blindado» y que su aprobación es un hecho histórico para el país. La representante Martha Alfonso, ponente del proyecto, defendió la legitimidad del trámite y la necesidad de aprobar la reforma de manera expedita para evitar su hundimiento. Sin embargo, economistas y constitucionalistas han señalado que no se cumplió con el principio de publicidad y que no se debatió el texto en su totalidad, lo que podría llevar a la Corte a declararla inconstitucional.
Entre los críticos, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, destaca que la reforma posee vicios profundos de trámite, lo que probablemente la hará insostenible a nivel constitucional. Asimismo, el presidente de Anif, José Ignacio López, argumenta que la falta de debate en la Cámara de Representantes le resta legitimidad al proyecto y lo expone a serias vulnerabilidades legales. Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, lamenta la oportunidad perdida de tener una reforma que realmente beneficie a los trabajadores y pensionados del país.
El debate sobre la sostenibilidad financiera de la reforma también ha sido intenso. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que el costo del pilar solidario es manejable y que el sistema tiene garantizada su sostenibilidad por 40 años. No obstante, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, recordó que la Corte Constitucional ha sido clara en la necesidad de un debate deliberativo para validar cualquier cambio legislativo significativo.
La reforma introduce varios cambios importantes, como la creación de un sistema de pilares y beneficios especiales para las mujeres, pero también ha generado preocupación por sus implicaciones fiscales. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, advirtió sobre el alto costo de algunos artículos, como el 94, que otorga beneficios a comunidades indígenas y campesinas sin un aval fiscal claro. Este y otros puntos críticos serán objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la reforma cumple con los requisitos legales y constitucionales.
Mientras tanto, el país espera con atención el veredicto de la Corte, que no solo definirá el futuro del sistema pensional, sino también el rumbo de la política social del gobierno de Gustavo Petro. La decisión podría tener profundas repercusiones para millones de colombianos y para la estabilidad económica del país en los próximos años.
