En un operativo masivo realizado el 14 de junio, la Fiscalía General de la Nación ejecutó la extinción de dominio de 25 bienes vinculados a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Los bienes, que incluyen apartamentos, casas, vehículos de alta gama y establecimientos comerciales, fueron adquiridos presuntamente con recursos públicos obtenidos de manera ilegal.
Los bienes incautados, cuyo valor asciende a más de 3.000 millones de pesos, se encuentran distribuidos en cinco municipios de Antioquia: Medellín, Marinilla, Urrao, Girardota y Copacabana. Entre los elementos incautados se destacan cuatro apartamentos, cuatro casas, cuatro parqueaderos, ocho vehículos y varios locales comerciales. La investigación señala que estos bienes fueron comprados a través de terceros para ocultar el origen ilícito del dinero.
La Fiscalía ha identificado a varios exfuncionarios como responsables de estos actos de corrupción. Entre ellos se encuentran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerente y jefa de la unidad de compras de Metroparques; y Jorge Enrique Liévano Ospina, también exgerente de Metroparques. Los implicados habrían utilizado mecanismos de licitación fraudulentos para desviar fondos destinados al mantenimiento del Parque de las Aguas, un reconocido centro recreativo de Medellín.
La investigación ha revelado que Villada García posee cinco propiedades en Girardota, incluyendo cuatro penthouses en una urbanización y un lote. En Medellín, se le atribuye una casa en el barrio Belén Rosales. Por su parte, Liévano Ospina tiene registrado un apartamento en el sector de Tricentenario, al norte de Medellín. Además, uno de los vehículos de alta gama incautados, un Jeep 2022, está a nombre de una empresa textil vinculada a un contratista de Metroparques que ha celebrado múltiples contratos millonarios.
En enero de este año, la Fiscalía imputó a estos tres funcionarios los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas. El monto del peculado se estima en 2.800 millones de pesos, correspondientes a al menos tres contratos adjudicados sin cumplir los requisitos legales.
Las autoridades continúan investigando para identificar a otros posibles exfuncionarios de la administración Quintero involucrados en la adquisición ilegal de bienes mediante recursos públicos. Este caso destaca la corrupción en la gestión de fondos públicos y la determinación de las autoridades para recuperar los activos obtenidos de manera ilícita.
