La tensión entre el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el Gobierno Nacional ha escalado debido a las medidas de seguridad implementadas en la capital santandereana. Desde su posesión, Beltrán ha promovido el «Plan Candado», enfocado en controlar la inseguridad, que según él, ha aumentado con la llegada masiva de extranjeros. El alcalde ha solicitado a la Gobernación de Santander y a Migración Colombia la instalación de puestos de control para revisar antecedentes penales de migrantes y expulsarlos si es necesario.
En los últimos meses, se han llevado a cabo varios operativos en las entradas y salidas de la ciudad, coordinados por Migración Colombia y la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Beltrán ha prometido publicar semanalmente los resultados de estas operaciones, y recientemente anunció la expulsión de los primeros cinco migrantes venezolanos con antecedentes penales. “Nuestra ciudad se respeta”, afirmó el alcalde en sus redes sociales, subrayando su compromiso con la seguridad local.
Sin embargo, estas acciones han generado fricciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Beltrán acusa a la administración nacional de dificultar los procesos de expulsión, mencionando que actualmente hay 130 migrantes con múltiples anotaciones pendientes de expulsión. “¿Por qué iniciamos las expulsiones con solo cinco delincuentes venezolanos? Lamentablemente hemos encontrado barreras por parte del nivel nacional en la lucha contra la criminalidad extranjera en Bucaramanga”, declaró Beltrán en su cuenta de X.
El alcalde expresó su frustración por la limitación impuesta por el Gobierno Nacional de expulsar solo a cinco migrantes por semana. Según Beltrán, este tope impide avances significativos en la mejora de la seguridad local. “Así es imposible poder generar un avance significativo cuando se atraviesa esta tramitología, que a los únicos que afecta es a los ciudadanos”, agregó. Además, señaló que la gestión para enviar a los migrantes a través del cruce fronterizo de Paraguachón fue rechazada, obligándolos a usar el cruce de Cúcuta, lo que resulta en demoras significativas.
Beltrán hizo un llamado al Gobierno Nacional para que considere los problemas locales y colabore en la implementación de medidas más efectivas. “Mi llamado al Gobierno Nacional es a que piensen en el territorio y sus problemas, necesitamos seriedad y colaboración”, puntualizó el alcalde. Las expulsiones continuarán, con un enfoque especial en aquellos migrantes que pretenden cometer delitos graves como la explotación sexual de menores, una preocupación creciente tanto en Bucaramanga como en otras ciudades del país.
