En un giro político sorpresivo, el presidente Gustavo Petro ha modificado su estrategia para implementar las reformas sociales propuestas desde su campaña, pasando de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente a la propuesta de un referendo nacional. Este cambio, que ha captado la atención del país, busca involucrar directamente a la ciudadanía en decisiones cruciales sobre el futuro de Colombia, incluyendo temas como la reforma agraria y la crisis climática, entre otros.
El presidente explica que esta decisión responde a la necesidad de un mecanismo menos confrontativo que una Constituyente, ante el rechazo que sus propuestas han encontrado en un Congreso dividido. El referendo, según lo establece la Ley 134 de 1994, permitiría a los colombianos votar directamente sobre proyectos específicos de norma jurídica, proporcionando una vía más directa y menos radical para realizar cambios legislativos o constitucionales.
El proceso para convocar a un referendo implica varios pasos clave: el presidente debe presentar el cuestionario al Congreso, que, sin necesidad de recoger firmas ciudadanas, debe aprobarlo. Después, el cuestionario enfrentará un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Si se supera este filtro, el referendo será convocado oficialmente, debiendo llevarse a cabo en un plazo de seis meses. Este proceso permitirá que los ciudadanos voten «sí» o «no» a preguntas específicas sobre cambios legislativos o constitucionales propuestos.
Sin embargo, el presidente Petro enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de obtener un apoyo mayoritario en el Congreso, donde no cuenta con una coalición sólida. Además, cualquier propuesta de referendo deberá superar el escrutinio de la Corte Constitucional, que examinará su conformidad con la Constitución.
Este enfoque de referendo representa un paso significativo en la democracia participativa de Colombia, buscando directamente la aprobación de los ciudadanos para definir cambios importantes en la legislación y la estructura constitucional del país. Se espera que este mecanismo fomente una mayor implicación y debate público sobre temas cruciales, marcando un precedente en cómo se realizan reformas significativas en la nación.
