La reforma pensional, crucial para el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta serios desafíos para ser aprobada antes del cierre de la legislatura el 20 de junio. A pesar de haber superado dos debates en el Senado, el proyecto se encuentra ahora en la Cámara de Representantes, donde debe completar las últimas etapas de su tramitación en un tiempo récord.
La iniciativa, que tiene el apoyo de una mayoría en el Congreso y ha sorteado múltiples obstáculos en el Senado, ahora se ve amenazada por el limitado tiempo legislativo disponible y por recientes controversias que han puesto en pausa los proyectos del gobierno. Escándalos de corrupción implicando a líderes del Congreso han obligado al Ejecutivo a frenar sus proyectos legislativos hasta que «baje la marea», lo cual complica aún más el cronograma de la reforma pensional.
Según el cronograma legislativo, la reforma debe ser aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara en su tercer debate antes de avanzar a la plenaria para su última discusión. Este proceso, que normalmente ya es complejo y lento, se encuentra bajo la presión adicional de un calendario apretado y la necesidad de resolver impedimentos o proposiciones antes de cada votación.
La proposición del representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), que excluyó del orden del día los proyectos del gobierno, ha añadido una capa extra de incertidumbre al futuro de la reforma. Aun así, el gobierno mantiene un optimismo cauteloso. Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico en la Comisión Séptima, expresó que, aunque los tiempos son ajustados, es posible aprobar la reforma antes del plazo final si se maneja eficientemente.
El paso final en el proceso legislativo, la conciliación entre las versiones del Senado y la Cámara, podría requerir ajustes significativos. El presidente Petro ha indicado su intención de modificar aspectos del acuerdo inicial alcanzado con el Partido Liberal, lo que podría complicar las negociaciones y requerir una conciliación formal si las cámaras aprueban textos distintos.
El representante Víctor Salcedo (Partido de La U) señaló que los tiempos para la discusión son «muy cortos y medidos», y aún no se han designado ponentes, lo que sugiere que la aprobación de la reforma en la Comisión y luego en la plenaria podría ser extremadamente apretada.
Una posible solución para este apuro legislativo serían las sesiones extraordinarias, aunque esta opción también presenta riesgos legales. El representante Alejandro García (Alianza Verde) advirtió sobre el peligro de que el proyecto sea demandado y eventualmente anulado si se aprueba fuera del calendario ordinario, reflejando una preocupación legal que ha surgido en debates anteriores.
Con el reloj corriendo y múltiples desafíos por delante, el gobierno enfrenta una prueba crucial en su capacidad para llevar adelante una de las reformas más significativas de su agenda, en un ambiente político y legislativo cargado de tensiones y urgencias.
