La Corte Constitucional de Colombia ha anulado la ley que estableció el Ministerio de Igualdad, alegando vicios en el proceso legislativo, específicamente la falta de un análisis de impacto fiscal requerido por ley. La decisión representa un revés significativo para el gobierno de Gustavo Petro, que había colocado a la vicepresidenta Francia Márquez al frente de este ministerio, simbolizando un compromiso clave con la equidad e igualdad.
Sin embargo, la Corte también ha proporcionado un «salvavidas» al permitir que el ministerio continúe operando durante dos periodos legislativos adicionales. Este plazo tiene como objetivo dar tiempo al gobierno y al Congreso para corregir los errores y presentar una nueva legislación que cumpla con los requisitos constitucionales y legales.
El fallo subraya la importancia de adherirse a los procedimientos legislativos adecuados, incluso en la implementación de políticas que son prioritarias para el gobierno actual. Durante el tiempo otorgado, se espera que el gobierno presente una nueva propuesta que resuelva los problemas identificados en el fallo de la Corte y asegure la continuidad de los esfuerzos del Ministerio de Igualdad.
