La celebración navideña de 2022 en Medellín se vio empañada por una controversia que ha escalado hasta las puertas de la Fiscalía. La Alcaldía de Daniel Quintero, conocida por sus inusuales iniciativas comunitarias, enfrenta serias acusaciones tras la entrega de 361 cerdos a las comunidades locales, en un gesto que pretendía ser festivo. Sin embargo, la forma en que se realizaron estas compras ha levantado sospechas de malversación y corrupción.
La denuncia fue presentada por el Secretario de Participación Ciudadana, Simón Molina, quien alegó que los cerdos, que pesaban entre 70 y 75 kilos y costaron un total de 422 millones de pesos, fueron adquiridos sin adherirse a los procesos legales y técnicos requeridos. Esta acción no solo superó los límites presupuestarios del programa «Navidades Comunitarias» sino que también ignoró las advertencias internas sobre la inviabilidad de la adición de más porcinos al programa.
Los documentos suministrados a la Fiscalía sugieren que la contratación se realizó a dedo, un término coloquial para describir una selección sin un proceso competitivo transparente, lo cual podría configurar delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos. «Este tipo de gestiones opacas socavan la confianza en nuestra administración pública y violan principios básicos de la gestión de recursos públicos», declaró Molina.
Además de las irregularidades contractuales, el caso ha generado un debate más amplio sobre el simbolismo y la ética del uso de animales en las celebraciones públicas, con voces críticas dentro del mismo espectro político de Quintero. La entrega de los cerdos, que se realizó de manera directa a las Juntas de Acción Comunal, ha despertado también críticas sobre la efectividad y moralidad de dichas prácticas en la administración pública.
Este caso no solo pone en jaque la gestión pasada de la Alcaldía de Quintero sino que también plantea serias preguntas sobre las políticas y la dirección futura de las iniciativas comunitarias en Medellín, justo cuando la ciudad se prepara para abordar nuevos desafíos políticos y sociales. La Fiscalía ahora tiene la tarea de desentrañar los detalles de esta polémica compra y determinar las responsabilidades correspondientes en un escenario ya cargado de tensiones políticas y expectativas ciudadanas.
