Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha lanzado una grave acusación contra la administración anterior, liderada por Daniel Quintero, denunciando la venta ilegal de la gerencia de Afinia, una filial clave de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que opera en el Caribe colombiano. Según Gutiérrez, la transacción se realizó por un monto de 8 millones de dólares y está vinculada a figuras controvertidas del carrusel de la contratación de Bogotá y empresarios venezolanos.
El testigo clave en el caso, cuya identidad se mantiene en reserva, reveló que las negociaciones se llevaron a cabo en lujosos restaurantes en Medellín y Barranquilla, presenciando personalmente cómo se distribuían los porcentajes del negocio entre un secretario de despacho de la alcaldía de Quintero y otros implicados. Estos detalles han sido corroborados por evidencias incluyendo conversaciones de WhatsApp, tickets de viaje y mensajes que documentan el nombramiento del gerente bajo condiciones cuestionables en agosto de 2021.
Este supuesto acto de corrupción ha llevado a Gutiérrez a alertar a la Fiscalía, cumpliendo con su deber como servidor público de denunciar actos ilegales de los que tenga conocimiento. «Estamos frente a un presunto saqueo organizado que no solo jugó con los recursos públicos de Medellín, sino que también puso en riesgo la estabilidad financiera de Afinia, afectando la prestación del servicio de energía en cinco departamentos del Caribe», declaró el alcalde.
La revelación de este escándalo coincide con un período crítico para Afinia, cuya situación financiera precaria ha llevado a la convocatoria de una junta extraordinaria donde se evidenció que la información financiera proporcionada durante el empalme no refleja la realidad actual de la compañía. Gutiérrez advirtió que, sin una intervención adecuada, se podría enfrentar una crisis inminente que afectaría a numerosos ciudadanos en la región Caribe.
Este caso subraya la urgencia de una gobernanza transparente y la necesidad de medidas rigurosas para proteger los intereses públicos y garantizar la integridad de las instituciones en Colombia.
