El gobierno de Cuba ha advertido que podría aplicar la pena de muerte a quienes participen en protestas masivas, consideradas ilegales por el régimen. Esta amenaza surge en un contexto de creciente descontento ciudadano exacerbado por la miseria, escasez de medicamentos, cortes de electricidad e inflación que empeoran diariamente en la isla.
Altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia, en una transmisión del programa estatal ‘Hacemos Cuba’, justificaron las posibles represalias legales severas contra los manifestantes. Estas represiones incluyen desde largas penas de cárcel hasta la pena de muerte en casos excepcionales, aplicando cargos como «sedición» para aquellos que perturben el «orden constitucional socialista».
Esta no es la primera vez que el régimen cubano usa tácticas intimidatorias contra sus ciudadanos. En las protestas históricas de julio de 2021, conocidas como 11J, más de 200 manifestantes fueron procesados y sentenciados a severas penas de cárcel. Además, el nuevo Código Penal de Cuba, vigente desde diciembre de 2022, ha aumentado los delitos que pueden ser castigados con la muerte, evidenciando una endurecimiento de las políticas gubernamentales contra cualquier forma de disidencia.
Funcionarios como el coronel Hugo Morales Karell atribuyen las manifestaciones a influencias extranjeras, específicamente a «terroristas» en Estados Unidos que, según él, buscan desestabilizar al gobierno cubano. Este discurso se complementa con acusaciones de que medios y redes sociales tergiversan la realidad para mostrar al gobierno cubano como fallido y brutal.
La situación en Cuba es especialmente tensa ya que la amenaza de muerte pende sobre un contexto de protestas pacíficas y legítimas que exigen mejoras básicas en condiciones de vida. La pena de muerte, aunque en moratoria desde 2003, sigue siendo legalmente viable, y su mera mención es un claro mensaje del régimen de que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Este endurecimiento del régimen cubano llega en un momento en que la isla se enfrenta a un descontento casi generalizado, y el gobierno utiliza el miedo y la represión como mecanismos para asegurar su dominio, subrayando la crítica situación de los derechos humanos en Cuba.
