En un giro significativo para la reforma pensional, el Senado de la República logró aprobar 28 artículos del proyecto propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, marcando un respiro para una legislación que parecía estar al borde del colapso. La sesión del martes, que se extendió hasta las 8:05 p.m., finalizó abruptamente debido a la falta de quórum, lo que obligó a levantar la sesión sin completar la votación de todos los artículos previstos.
La jornada legislativa comenzó con optimismo tras la aprobación de una ponencia positiva el día anterior, que se llevó a cabo con 49 votos a favor y 33 en contra. Este impulso inicial permitió al Senado abordar y aprobar una serie de artículos clave para la reforma, como los que se refieren a las garantías mínimas de los trabajadores dependientes que cotizan por días o semanas, así como normas sobre la financiación y pago para la etapa de desacumulación.
Sin embargo, el progreso fue interrumpido por la ausencia de un número suficiente de legisladores, situación que refleja los desafíos políticos y logísticos que enfrenta el proceso de reforma. La falta de quórum no solo puso en pausa la votación de los artículos 5, 8 y 9, sino que también subraya las tensiones y la complejidad de navegar reformas estructurales en un contexto de polarización política.
La Secretaría General del Senado ha convocado a una nueva sesión plenaria para el miércoles 17 de abril a las 11:00 a.m., en un intento por continuar con la discusión y aprobación de la reforma. Esta reforma es vista como vital para el futuro del sistema pensional del país, buscando garantizar un amparo más robusto y equitativo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
Mientras tanto, el debate sobre la reforma pensional sigue siendo un tema de gran relevancia nacional, implicando una reconfiguración profunda del sistema de protección social en Colombia, en línea con los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia establecidos en la Constitución Política. El desenlace de esta reforma será crucial para determinar la capacidad del Estado para proveer seguridad a sus ciudadanos en las etapas más vulnerables de su vida.
