En un giro inesperado dentro del complejo escenario del sistema de salud colombiano, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Luis Carlos Leal Angarita, el Superintendente Nacional de Salud. Este procedimiento se origina tras una queja que señala posibles irregularidades en el proceso de intervención de la EPS Sanitas, específicamente en la forma como se llevó a cabo la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la entidad, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.
Este movimiento de la Procuraduría subraya la creciente atención y preocupación por la gestión de las entidades prestadoras de servicios de salud en el país, especialmente en un contexto donde la crisis del sector parece profundizarse. La queja presentada ante la Superintendencia de Salud sugiere una «aparente falsa motivación» en la resolución que dio luz verde a la intervención de Sanitas, lo que ha desencadenado una serie de solicitudes de información por parte de la Procuraduría para entender a fondo el proceso y las decisiones tomadas.
La EPS Sanitas, siendo la segunda más grande del país con 5,7 millones de afiliados y enfrentando pérdidas significativas así como deudas millonarias, ha sido el centro de una serie de eventos que resaltan las dificultades financieras y operativas dentro del sector salud. La decisión de intervenirla se percibe como un paso crítico del gobierno para asegurar la continuidad y calidad del servicio a los afiliados, pero también levanta interrogantes sobre la adecuación y transparencia de los procedimientos administrativos y legales empleados.
Este caso pone de relieve los desafíos inherentes a la regulación y supervisión de las EPS en Colombia, en medio de llamados a una reforma estructural del sistema de salud. Con 13 EPS desaparecidas en los últimos cuatro años, afectando a 6,4 millones de colombianos, y un total de 16 intervenciones recientes, el escrutinio sobre las acciones del Gobierno y la Superintendencia de Salud se intensifica. La investigación de la Procuraduría no solo busca clarificar las circunstancias que rodearon la intervención de Sanitas, sino también contribuir a una mayor comprensión de cómo se pueden mejorar los mecanismos de supervisión y control para evitar futuras crisis en el sector.
