En una confrontación que recalienta el debate político y social en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha lanzado críticas directas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de no pagar el impuesto predial por sus vastas propiedades de tierra en Colombia. En un momento en que el país se encuentra en medio de intensas discusiones sobre reformas estructurales, la acusación de Petro añade una nueva dimensión al diálogo sobre equidad y justicia fiscal en Colombia.
La crítica de Petro no se limita a la cuestión de los impuestos; también cuestiona la viabilidad y equidad de la propuesta de Uribe para financiar el desarrollo de infraestructura vial en Antioquia. Según Petro, pedir a los antioqueños, especialmente a los más pobres, que contribuyan con un millón de pesos cada uno para financiar estas obras es insostenible y profundamente injusto, señalando que son aquellos que se han enriquecido con el desarrollo estatal quienes deberían asumir los costos de valorización.
Además, el presidente ha manifestado su interés por revisar el avalúo catastral de las tierras, incluyendo las de Uribe, como parte de un esfuerzo por actualizar y transparentar la base imponible del país. Esta iniciativa busca revelar discrepancias y asegurar que los propietarios de grandes extensiones de tierra contribuyan de manera justa al financiamiento de servicios públicos esenciales como la educación y la salud.
La respuesta de Uribe a estas acusaciones no se hizo esperar, utilizando las mismas plataformas para defenderse de lo que considera acusaciones infundadas y ataques políticos. La tensión entre ambos líderes refleja las profundas divisiones dentro de la política colombiana y pone de relieve el debate sobre la equidad fiscal y la responsabilidad de los sectores más acaudalados de la sociedad.
Este episodio es un recordatorio de las persistentes luchas por la justicia social y fiscal en Colombia, en un momento en que el país se enfrenta a desafíos significativos en materia de desigualdad y desarrollo. La discusión sobre quién debe contribuir al financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos es central para el proyecto de Petro de construir una sociedad más equitativa, pero enfrenta resistencias en un contexto de profundas divisiones políticas e intereses arraigados.
