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viernes, junio 27, 2025
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Defensa de Aida Merlano se prepara para llevar el caso a la Corte Suprema: Un giro judicial que promete lucha


La saga judicial de Aida Victoria Merlano, marcada por controversias y desafíos legales, tomó un nuevo giro tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de aumentar su sentencia de prisión de 7 a 13 años. Este endurecimiento de la pena, asociado a su participación en la espectacular fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ha desatado una oleada de reacciones y un firme compromiso de su defensa de llevar el caso a las más altas instancias judiciales del país.

Miguel Ángel Del Río Malo, abogado de la acusada, ha expresado su firme rechazo a lo que considera una decisión injusta por parte del tribunal, anunciando que no solo apelarán la sentencia, sino que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema en busca de justicia. Este movimiento legal subraya la complejidad y la polarización en torno al caso, que ha capturado la atención pública y mediática desde el dramático escape de la excongresista en 2019.

La resolución no solo aumentó la pena de prisión, sino que también revocó el beneficio de detención domiciliaria previamente concedido a Aida Victoria Merlano, lo que supone un cambio significativo en su situación legal y personal. Ante este revés, Del Río Malo reafirma su determinación de seguir adelante con la defensa, inspirado por victorias pasadas en otros casos de alto perfil, y motivado por la convicción en la justicia y la inocencia de su clienta.

Este caso, que involucra figuras políticas de alto nivel y acusaciones graves, pone de relieve las tensiones entre la política, la justicia y la sociedad en Colombia. La determinación de la defensa de Aida Victoria Merlano de escalar el caso hasta la Corte Suprema no es solo una manifestación de la batalla legal en curso, sino también un símbolo de las profundas divisiones y los retos que enfrenta el sistema judicial colombiano.
Mientras la defensa se prepara para este nuevo capítulo en la Corte Suprema, el caso promete seguir siendo un punto focal de debate público y análisis legal, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial para manejar casos de gran relevancia social y política con equidad y diligencia.

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