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viernes, junio 27, 2025
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Exigen estudios y experiencia para cargos directivos en el Estado: se acabó el tiempo de los nombramientos por amistad

Un nuevo proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío López promete cambiar el panorama de los nombramientos para los cargos directivos dentro del Estado colombiano, estableciendo requisitos mínimos de formación académica y experiencia profesional. La iniciativa, que busca modificar el artículo 207 de la Constitución Política de Colombia, señala que para ocupar posiciones de ministros o directores de departamento administrativo, los candidatos deberán contar, como mínimo, con un título universitario y una experiencia profesional no menor a cinco años, o haber sido docente universitario por el mismo período.

Esta propuesta surge en un contexto marcado por controversias sobre la idoneidad de ciertos funcionarios públicos, cuyo nombramiento pareció estar más vinculado a sus relaciones personales con el gobierno de turno que a sus credenciales profesionales. El nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), a pesar de su amplia experiencia en el sector público y privado, ha reavivado el debate sobre la necesidad de criterios más estrictos para la selección de altos funcionarios, dado que Bolívar, hasta la fecha, solo cuenta con estudios de bachillerato académico.

El proyecto de ley no solo aspira a profesionalizar y tecnificar las funciones de los altos cargos del Estado sino también a garantizar que la gestión y dirección de áreas cruciales de la administración pública recaigan en individuos debidamente cualificados. “Para llegar a ocupar un alto cargo del gobierno, no bastará con ser amigo del presidente de turno», enfatizó Berrío López, subrayando la importancia de que la idoneidad y la experiencia profesional sean factores determinantes en el proceso de selección.

Con este proyecto radicado, se espera que en los próximos debates en la Cámara de Representantes se discuta y eventualmente se apruebe la modificación constitucional. De ser así, marcaría un antes y un después en la forma en que se asignan los cargos más influyentes del Estado colombiano, promoviendo la meritocracia y la competencia basada en el conocimiento y la experiencia sobre el favoritismo y la cercanía política.

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