El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), ha puesto en pausa un contrato de 95 mil millones de pesos otorgado a una empresa vinculada con Euclides Torres, en medio de acusaciones de modificaciones contractuales que favorecían a la adjudicación sin los requisitos de experiencia necesarios. Esta medida se toma como respuesta a las denuncias presentadas por el representante Cristian Avendaño, quien alertó a las autoridades competentes sobre posibles irregularidades en el proceso de licitación para la instalación de paneles solares en la región Caribe.
La suspensión del contrato se suma a la serie de acciones jurídicas impulsadas desde el Congreso, donde ya se prepara un debate de control político dirigido al ministro de Minas y Energía, centrado en las alegaciones de financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro y los vínculos con el denominado ‘Clan Torres’. Este grupo empresarial, a través de la Unión Temporal Energiza, compuesta por Iluminación Moderna, Enecon y Enetel, enfrenta ahora un escrutinio público tras la decisión de FENOGE de reevaluar la asignación del contrato multimillonario.
Las acusaciones que pesan sobre el contrato y los implicados abarcan desde la manipulación de las condiciones de contratación hasta la presunta financiación ilegal de campañas políticas, lo que ha llevado a un renovado debate sobre la transparencia y la ética en la asignación de contratos públicos. La investigación periodística adelantada por ‘La Silla Vacía’ y la denuncia formal del congresista Avendaño han sacado a la luz el complejo entramado de relaciones y favores que ahora se encuentra bajo la lupa de las autoridades.
Mientras el país espera las conclusiones del debate de control político y las investigaciones en curso, la suspensión del contrato de 95 mil millones de pesos representa un momento decisivo en la lucha contra la corrupción y el clientelismo en Colombia. La resolución de este caso no solo determinará el futuro de la instalación de paneles solares en el Caribe, sino que también podría sentar un precedente importante en la gestión de los recursos públicos y en la aplicación de la justicia contra las irregularidades en la contratación estatal.
