En un intento por clarificar las intenciones detrás de la controversial propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la presidencia de Gustavo Petro ha emitido un comunicado denominado “ABC del proceso constituyente”. El documento, divulgado desde la Casa de Nariño, enfatiza que el objetivo no es cambiar la Constitución de 1991, sino realizar ajustes significativos bajo la premisa de que «si no hay fuerza constituyente, no hay constituyente».
El gobierno se esfuerza por separar la propuesta de la Asamblea de las recientes turbulencias políticas, especialmente el riesgo de hundimiento de la reforma de salud propuesta por Petro. Según el documento, la iniciativa busca incorporar reformas sociales sin revivir proyectos legislativos previamente rechazados por el Congreso. Además, contradiciendo percepciones iniciales, aclara que la transformación de la Constitución no implica una sustitución de la misma, sino un enriquecimiento y actualización para reflejar el cambio que, según el gobierno, el pueblo colombiano demandó al elegir a Petro.
Entre los cambios propuestos por el presidente se encuentran una reforma judicial, la implementación de los acuerdos de paz, medidas contra el cambio climático, diálogos para poner fin a la violencia, y una reforma agraria. Estos puntos, dice el gobierno, están diseñados para modernizar y adaptar la Constitución a los desafíos contemporáneos y futuros que enfrenta Colombia.
Contrario a las especulaciones, el documento oficial descarta la reelección del presidente Petro en 2026 como objetivo de la asamblea, aunque admite que el proceso constituyente podría influir en el panorama político de dicho año. El gobierno propone la realización de cabildos abiertos para discutir estos cambios, invitando a la población a participar activamente en las calles y en debates públicos, enfatizando la movilización ciudadana como mecanismo clave para el desarrollo de esta propuesta constituyente.
Este enfoque hacia la revisión y actualización de la Constitución de 1991 sugiere un intento del gobierno de Petro por asegurar una base legal y social más sólida para sus reformas, buscando legitimar y concretar su visión de cambio mediante un proceso inclusivo y participativo que, sin embargo, no deja de generar debate en la esfera política y social del país.
