La economía colombiana enfrenta un desafío energético que pone en la mira la seguridad y autosuficiencia en el suministro de gas. Ante este escenario, la nación contempla una medida que, hasta hace poco, parecía impensable: la importación de gas natural desde Venezuela, específicamente desde la petrolera estatal PDVSA. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la compañía de petróleo y gas más grande de Colombia, ha confirmado que a partir de 2025 el país podría empezar a comprar gas a Venezuela para contrarrestar el déficit anticipado.
Esta situación surge en un momento crítico para Ecopetrol, tras reportar una notable caída en las utilidades durante 2023, agravada por los desafíos que implica la transición energética promovida por el gobierno de Gustavo Petro. El país se encuentra en una carrera contra el tiempo para asegurar su futuro energético, mientras intenta equilibrar los imperativos ambientales con las necesidades económicas y sociales.
La posible cooperación energética con Venezuela no está exenta de complicaciones, especialmente dada la inclusión de PDVSA en la lista Clinton, lo que limita las transacciones internacionales debido a sanciones impuestas por actividades de lavado de activos. Sin embargo, Roa señaló que algunas sanciones han sido levantadas hasta abril y que desde septiembre de 2022, Ecopetrol ha solicitado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) el levantamiento de estas restricciones, aunque aún no ha recibido respuesta.
Más allá de los obstáculos legales y políticos, la logística de la importación de gas plantea sus propios retos. Ecopetrol y PDVSA cuentan con un contrato vigente hasta 2027, que establece la transferencia de gas con volúmenes que varían entre 360 y 220 millones de pies cúbicos diarios. La inspección y evaluación técnica del gasoducto que facilitaría estas importaciones es un paso crucial para determinar la viabilidad de este acuerdo.
La discusión sobre la importación de gas de Venezuela se inscribe en un contexto más amplio de preocupaciones sobre la caída de utilidades de Ecopetrol y el impacto de las políticas de transición energética. Mientras algunos sectores políticos y económicos expresan su preocupación por las implicaciones fiscales y la reducción de dividendos para los accionistas, otros ven en la alianza con PDVSA una oportunidad estratégica para asegurar el suministro de gas a Colombia, mitigando así el riesgo de un déficit energético que podría tener graves consecuencias para la economía y el bienestar de la población.
Este panorama plantea un debate crítico sobre el futuro energético de Colombia, en el que se entrelazan consideraciones económicas, ambientales, políticas y sociales. La potencial alianza con Venezuela para la importación de gas natural no solo es un tema de seguridad energética, sino también un reflejo de las complejas dinámicas regionales y globales que afectan a Colombia en su búsqueda por un desarrollo sostenible y equitativo.
