En una decisión que ha intensificado el debate sobre el uso del lenguaje inclusivo, el presidente de Argentina, Javier Milei, extendió la prohibición de este tipo de expresiones a toda la administración pública nacional. Esta medida, previamente aplicada en el ámbito del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, refleja el compromiso de la actual administración por mantener la lengua castellana como la forma oficial de comunicación en documentos y comunicaciones estatales, eliminando el uso de variantes como la letra ‘e’, el símbolo ‘@’ y la ‘x’ para referencias de género, así como las innecesarias inclusiones del femenino.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que las perspectivas de género se han convertido en un «negocio de la política», y reiteró la postura del gobierno de Milei de no participar en debates que consideran desvían la atención de asuntos más prioritarios para el país. La prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos oficiales se inscribe en una serie de acciones que el gobierno de Milei ha emprendido para marcar un claro distanciamiento de las políticas de inclusión promovidas por administraciones anteriores.
Esta nueva directriz no solo pone fin al uso discrecional del lenguaje inclusivo en muchas dependencias estatales, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuyo cierre fue anunciado recientemente, sino que también envía un mensaje contundente sobre la dirección que el gobierno desea tomar respecto a la normativa lingüística y cultural.
La decisión ha generado una amplia gama de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, dentro y fuera de Argentina. Mientras algunos celebran la medida como una vuelta a la tradición y la coherencia lingüística, otros la ven como un retroceso en los esfuerzos por promover la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de género en la sociedad. La Real Academia Española (RAE), que ha rechazado la implementación del lenguaje inclusivo argumentando que el uso del masculino gramatical «no supone discriminación sexista alguna», respalda en cierta medida la posición del gobierno de Milei.
La prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública argentina se suma a una serie de políticas conservadoras que definen el mandato de Javier Milei, quien se ha identificado como un «libertario anarcocapitalista» y ha criticado abiertamente lo que él denomina «marxismo cultural». A medida que Argentina se alinea con esta nueva normativa, el debate sobre el lenguaje inclusivo, la identidad de género y los derechos de las minorías continúa, reflejando las tensiones y los desafíos de una sociedad en constante evolución.
