La reciente adjudicación del contrato de suministro de pasaportes y visas ha puesto bajo el foco de atención al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán. Esta decisión, que ha generado controversia al ser otorgada a un solo oferente, Thomas Greg, ha desatado una serie de reacciones en el ámbito político colombiano.
La trascendental determinación, que va en contra de las instrucciones del presidente Gustavo Petro de evitar adjudicaciones públicas cuando hay un único oferente, coincide con la llegada de Luis Gilberto Murillo al Palacio de San Carlos como canciller encargado. Este movimiento ha despertado suspicacias sobre la autonomía de la decisión y su alineación con los intereses del nuevo gobierno.
Aunque la firma del contrato corresponde al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, cercano a Leyva, el presidente Petro ha tachado esta acción como una traición al gobierno y ha anunciado la inmediata insubsistencia de Salazar. La controversia se ha intensificado con las declaraciones de Salazar, quien ha defendido la legalidad de la adjudicación y ha anunciado su intención de recurrir a recursos legales para mantenerse en su cargo.
Paralelamente, se han producido movimientos de personal clave dentro de la Cancillería, con la salida de funcionarios que respaldaban las decisiones de Leyva en relación con la licitación de pasaportes. Esta reestructuración interna sugiere un cambio de rumbo en la política de contratación de la entidad y ha sido interpretada como un posible salvavidas para Leyva en medio de las investigaciones en su contra.
No obstante, las implicaciones legales de estas decisiones continúan en debate, ya que las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio podrían no ser diluidas con la adjudicación del contrato. La llegada de Murillo como canciller encargado plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de la política exterior colombiana y la gestión diplomática del país en un contexto de cambio de gobierno y reajustes en la administración pública.
