La reciente visita de un grupo de congresistas de la oposición colombiana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington ha provocado una fuerte reacción del Presidente Gustavo Petro. Los legisladores solicitaron a la CIDH respetar el principio de no intervención en Colombia, lo cual fue interpretado por el mandatario como un intento por aislar al país del sistema interamericano y romper con la Constitución colombiana. En un mensaje en X (anteriormente Twitter), Petro acusó a la oposición de querer «continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción».
La delegación opositora, liderada por figuras del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, sostuvo reuniones con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para exponer su visión sobre la situación política en Colombia. Argumentaron que no existen fundamentos para las alegaciones de un golpe de Estado contra Petro, y denunciaron presiones del gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia en el proceso de elección del nuevo fiscal general.
Paloma Valencia criticó directamente los actos del gobierno, calificándolos de amenazas contra la Corte Suprema, mientras que Uribe Turbay enfatizó que Petro está creando una crisis institucional para desviar la atención de su «mal gobierno» y los escándalos que lo rodean. Este encuentro se produce en un momento en que la OEA ha expresado su apoyo a Petro, instando a garantizar la continuidad de su mandato y condenando cualquier intento de interrupción.
La polémica entre el gobierno y la oposición subraya las profundas divisiones dentro de la política colombiana y resalta la preocupación de diferentes sectores sobre la estabilidad democrática del país. Las acusaciones de Petro hacia la oposición reflejan la tensión existente en el contexto de un debate nacional sobre la democracia, el estado de derecho y el futuro político de Colombia.
