En una decisión que ha despertado tanto apoyo como preocupación, el Gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ha introducido una propuesta que podría cambiar radicalmente el enfoque de la pesca de tiburones y rayas en Colombia. La nueva resolución, que se encuentra en fase de propuesta, busca autorizar el aprovechamiento integral de 11 especies de tiburón y 4 de rayas, siempre que su captura sea incidental y realizada por comunidades pesqueras costeras, con una notable excepción: la prohibición explícita de comercializar sus aletas.
Esta medida surge en un contexto donde la pesca de tiburón ha sido un tema de intenso debate, catalizado recientemente por declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien criticó las prohibiciones totales de pesca de estas especies, describiéndolas como decisiones alejadas de la realidad de las comunidades costeras. La propuesta busca, pues, encontrar un equilibrio entre la preservación de estas especies y el sustento de las comunidades que históricamente han dependido de ellas.
La iniciativa gubernamental establece directrices claras sobre el manejo de las capturas, exigiendo que las aletas de los tiburones y rayas permanezcan adheridas al cuerpo hasta su llegada a puerto, donde serán retiradas y entregadas a la AUNAP. Este organismo se encargará de su disposición final, ya sea mediante incineración o su uso en actividades educativas relacionadas con la inspección y vigilancia pesquera, asegurando que este subproducto no entre en el mercado ni fomente la práctica del aleteo.
La propuesta ha generado un amplio espectro de reacciones. Por un lado, se reconoce el esfuerzo por permitir un aprovechamiento más holístico de las capturas incidentales, lo que podría reducir el desperdicio y apoyar la economía local. Por otro, grupos conservacionistas y animalistas expresan su temor de que esta medida pueda abrir la puerta a una explotación excesiva de estas especies vulnerables, exacerbando el riesgo de su declive o incluso extinción.
La resolución en cuestión subraya la importancia de un manejo responsable de los recursos marinos, poniendo de manifiesto la complejidad de equilibrar las necesidades económicas humanas con la conservación ambiental. Mientras el Gobierno asegura haber diseñado estas normas con la intención de proteger tanto a las comunidades pesqueras como a las especies marinas, la implementación efectiva de estas directrices y su impacto real en la conservación de tiburones y rayas en aguas colombianas seguirán siendo objeto de escrutinio y debate en los próximos meses.
