El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío financiero considerable al intentar recuperar casi 7.000 millones de pesos, tras un error que resultó en el pago doble de la nómina a varios funcionarios del Estado en noviembre de 2023. La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, sacó a la luz este asunto tras obtener información mediante un derecho de petición al Ministerio de Hacienda. La cifra exacta pendiente de recuperación asciende a 6.680.579.819 millones de pesos, un montante que, a febrero de 2024, sigue sin reintegrarse a las arcas estatales, evidenciando una problemática administrativa y financiera de gran envergadura.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, ha enfrentado múltiples obstáculos en el proceso de recuperación de estos fondos. Según la respuesta del Ministerio a Holguín, algunos de los retos incluyen la falta de fondos en las cuentas bancarias de nómina de los funcionarios afectados al momento de intentar el reembolso, así como la falta de respuesta voluntaria por parte de algunos empleados a la solicitud de devolución. Además, problemas técnicos y legales, como embargos o débitos automáticos, han impedido la correcta compensación sobre las nóminas afectadas.
Este incidente ha llevado a la senadora Holguín y al representante Juan Espinal, también del Centro Democrático, a presentar una denuncia por presunto peculado culposo contra el ministro Bonilla ante la Fiscalía General de la Nación. Argumentan que el ministro debe asumir responsabilidades penales por los errores cometidos en el doble pago de la nómina, lo que ha provocado un uso indebido de los recursos públicos y ha abierto un amplio debate sobre la gestión y la eficiencia del sistema de pagos del Estado.
La recuperación de los casi 7.000 millones de pesos representa no solo un desafío administrativo para el Gobierno de Petro sino también un tema de credibilidad y responsabilidad fiscal. Este incidente subraya la importancia de la rigurosidad y la precisión en la gestión de los recursos públicos, especialmente en un momento en que el país enfrenta retos económicos significativos. La resolución de esta situación será crucial para reafirmar la confianza en la capacidad del Gobierno para administrar eficientemente los fondos estatales y para evitar futuras irregularidades en el sistema de pagos a funcionarios y proveedores del Estado
