El reciente anuncio del Gobierno colombiano sobre el inicio de conversaciones de paz con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Márquez, ha generado un torbellino de opiniones en el país. Este grupo, que decidió apartarse del Acuerdo de Paz firmado en 2016, ha sido criticado por abandonar un proceso que buscaba cerrar un capítulo de violencia y abrir uno de reconciliación en Colombia. Ahora, el Gobierno busca traerlos de vuelta a la mesa, en un esfuerzo por alcanzar una paz completa, pero ¿a qué costo?
Este nuevo intento de diálogo, confirmado a través de una declaración conjunta por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el propio Iván Márquez, pone de relieve la complejidad del proceso de paz en Colombia. La Segunda Marquetalia ha prometido alejarse de las prácticas de secuestro y extorsión económica, buscando en cambio dialogar con sectores empresariales y comunitarios. Sin embargo, estas promesas llegan tras años de acciones que contradicen el espíritu del acuerdo original, dejando a muchas víctimas en la incertidumbre y sin respuestas.
El respaldo internacional a este nuevo frente de diálogo, con el apoyo de países como Cuba, Noruega y Venezuela, así como de la ONU y la Conferencia Episcopal, es un indicativo de la importancia de consolidar la paz en Colombia. No obstante, surge la pregunta de si este proceso podría significar un retroceso en los términos alcanzados previamente, especialmente en lo que respecta a la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado.
Este enfoque crítico no busca deslegitimar la necesidad de diálogo ni el anhelo de paz del pueblo colombiano, sino más bien reflexionar sobre las lecciones aprendidas del pasado y cómo estas pueden guiar un proceso que no solo busque la desmovilización, sino también la verdadera reconciliación y justicia. ¿Está el Gobierno dispuesto a ajustar las condiciones de los diálogos para asegurar que esta vez sí se cumplan las promesas? ¿Cómo garantizará que las víctimas no queden nuevamente en el olvido?
La paz total es un objetivo loable, pero no debe perseguirse a costa de los principios de justicia y reparación que sostienen la democracia y el Estado de Derecho. El desafío para el Gobierno y la sociedad colombiana es enorme: reconciliar las esperanzas de paz con la necesidad de responsabilidad, y asegurar que los errores del pasado no se repitan en este nuevo capítulo de diálogos.
